Según la
Constitución, la participación ciudadana (PC) es un derecho. Por lo que, constituye
un conjunto de mecanismos por medio de los cuales tomamos parte de las
decisiones públicas o incidencia de modo individual o colectivo en la vida
política de nuestra localidad, región o país, buscando que dichas medidas respondan a las
demandas e intereses sentidos por la sociedad.
La PC en los
asuntos públicos constituye un derecho fundamental cuyo ejercicio ha ido
afirmándose y extendiéndose a lo largo de los años. Este proceso se expresa
también en las múltiples formas en que la legislación nacional reconoce, regula
y garantiza la intervención ciudadana en cada una de las fases de las políticas
públicas (MCLCP, 2010).
A la luz, de
estas consideraciones, ¿Cómo estamos ejerciendo este derecho en la incidencia,
vigilancia o seguimiento a la implementación de las políticas educativas,
programas presupuestales, proyectos, gestión del GL o GR?; ¿Cómo nos
involucramos en los espacios de participación, vigilancia y concertación en
educación a través de los CONEI, COPALE, COPARE?, ¿Cuán sólidos estamos a nivel
de las organizaciones de base, sociedad civil?.
Se percibe
débil ejercicio de este derecho en la gran mayoría de los ciudadanos. Por ello, existe
indiferencia con los problemas de corrupción, inseguridad ciudadana,
desnutrición, anemia, etc.; así como, escaso protagonismo en la exigencia a la
implementación de una EIB de calidad, cierre de brechas de inequidad en
cobertura y calidad educativa, cumplimiento de las rendiciones de cuentas en la
gestión pública.
Ello, es un
reflejo del modelo educativo que sólo ha servido para desarrollar una
conciencia individual.
Publicado en Diario el Correo
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