Según la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el Artículo 15º, en ese sentido, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho.
Partiendo de esta consideración, es obligación de autoridades, funcionarios, servidores de entidades públicas implementar las políticas a través de una gestión transparente y una cultura de rendición de cuentas en forma pertinente y oportuna.
De este contexto, ninguna de las instancias de gestión educativa descentralizada, así como las instituciones educativas están exentas de este mandato. Por tanto, los niños, niñas, padres, madres de familia, y sociedad en general tenemos la posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía a fin de garantizar que la gestión en las escuelas, las UGEL, DREA, etc. sean cada vez más transparentes y rindan cuentas de las diversas acciones que se desarrollen en las mimas.
Entre los espacios institucionalizados que realizan el seguimiento, vigilancia para una gestión educativa transparente, constituyen los municipios escolares, los consejos educativos institucionales (CONEI), los consejos participativos locales de educación (COPALE), el Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE). Para un efectivo cumplimiento del rol que se asigna a estos espacios, urge que el Estado fortalezca sus capacidades, así como de dotarles de condiciones básicas correspondientes.
Publicado en Diario el Correo
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