A la luz de los nuevos retos endógenos y exógenos de nuestra
sociedad, las políticas públicas, definidas como el lugar donde confluyen iniciativas, acciones
y necesidades de gobierno y sociedad para servir cada vez mejor a los ciudadanos
y mejorar sus niveles de vida y desarrollo humano (Salazar, 2009), deben
contener perspectivas de interculturalidad, de derechos, género, ambiental entre
otros.
Implica que, las políticas educativas de nivel local,
regional como la nacional desde su diseño, implementación y evaluación deben
asegurar la democratización de los conocimientos de la cultura y la lengua
desde una mirada crítica; construcción de relaciones igualitarias y
horizontales entre varones y mujeres; reconocimiento y ejercicio de los
derechos humanos en su conjunto; así como desarrollo de conocimientos, valores,
actitudes y prácticas que conlleven a una relación sostenible y sustentable en
la humanidad y nuestro ambiente.
Por lo dicho, los programas,
estrategias, proyectos y planes ligados a la gestión escolar, desde su diseño e
implementación deben también considerar los aspectos mencionados para
garantizar la formación o la educación pertinente para que el ciudadano y
ciudadana del presente y del futuro se desenvuelva plenamente en armonía con
nuestra pacha mama.
Desde esta tribuna, se insta a los
decisores del Estado así como a la sociedad civil, para que se revise o
rediseñe los instrumentos, tales como el PER-A, los proyectos educativos
locales (provinciales y distritales) para incorporar los enfoques citados,
alineado con las políticas educativas de
carácter nacional, especialmente a la Política y Plan Nacional de la EIB, PEN,
etc.
Publicado en Diario el Correo
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